Los Cuellos Blancos del Puerto: Hay más de 300 jueces y fiscales investigados por corrupción
Así lo reveló un informe de la Procuraduría Anticorrupción. Hay 42 sentenciados por delitos contra la administración pública.
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Un informe elaborado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos (PPEDC) advierte que 334 magistrados, entre jueces (151) y fiscales (183), se encuentran involucrados en presuntos actos de corrupción a nivel nacional, entre los que se registran 42 sentenciados por delitos contra la administración pública.
El estudio, denominado “Corrupción en el sistema de justicia: Caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, precisa que, del total de magistrados procesados, 61 jueces y 15 fiscales son investigados por sus supuestos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, caso en el que la Procuraduría Anticorrupción participa diligentemente, coadyuvando en las investigaciones a cargo del Ministerio Público.
Los delitos con mayor incidencia en los que han incurrido los funcionarios mencionados son el cohecho y el tráfico de influencias (72%), ilícitos en los cuales el beneficio o ventaja que obtuvo o pretendió obtener el juez o fiscal fue de naturaleza económica, entre otro tipo de ventajas o beneficios personales.
La elaboración de este documento ha demandado para la Procuraduría Anticorrupción el procesamiento y análisis de 330 expedientes que, hasta junio del 2019, se encontraban en etapa preliminar (57%), etapa preparatoria (20%), en juicio (4%) y con sentencia (19%).
Respecto a los magistrados condenados, la Procuraduría ha logrado obtener reparaciones civiles impuestas por un total de S/1 millón 110 mil 750.
La información recopilada para la publicación fue obtenida a través de las 37 sedes descentralizadas de la PPEDC en todo el territorio nacional y contó con la colaboración de diversas instancias de la Fiscalía.
Caso Los Cuellos Blancos del Puerto
El descrédito que ocasionó el caso Los Cuellos Blancos del Puerto en el sistema de justicia evidenció, paradójicamente, que los responsables no eran ajenos, sino sus propios funcionarios y más grave aún, lo fueron aquellos magistrados y ex consejeros sobre los cuales el Estado les confió su máxima representación.
Así, hasta el 2019, se registraron 88 expedientes que se encuentran en investigación fiscal y que involucran, entre otros, a 11 magistrados supremos, 5 ex miembros del CNM y 56 agentes externos al sistema de justicia, como empresarios, abogados, funcionarios públicos de diferentes instituciones estatales y otras personas naturales.
Entre los principales investigados están el ex juez supremo César Hinostroza, el ex presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos Montalvo, los ex miembros del CNM Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Guido Aguila, entre otros altos funcionarios.
Cabe indicar que el informe publicado por la Procuraduría Anticorrupción muestra los impactos de la corrupción en el sistema de justicia y evidencia la necesidad de emprender un proceso de cambios y fortalecimiento institucional.
El 7 de julio del 2019 se difundió una serie de conversaciones, denominadas los CNM Audios, que demostraron que la corrupción seguía enraizada en los más altos niveles del sistema de justicia.
El nombre Los Cuellos Blancos del Puerto fue elegido por la condición de presuntos miembros de la organización criminal que la integran, funcionarios y servidores públicos del Estado.
El listado de procesados incluye empresarios, jueces superiores y supremos, fiscales supremos, altos funcionarios como ex CNM y más. La referencia al ‘puerto’ viene determinada por la dirigencia de la presunta organización: Walter Ríos.
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Los Cuellos Blancos del Puerto
La falsa imagen de la fiscal Rocío Sánchez
05 Oct 2020 | 4:37 hPolémica. Fiscal Rocío Sánchez, una gestión llena de sombras y extrañas decisiones. Foto: La República.
Paralizó el caso Los Cuellos Blancos y se resistió a entregar audios e informes de la investigación.
Por: Umberto Jara
En los últimos años irrumpió la “justicia mediática” que convirtió a la prensa en partícipe de los procesos judiciales. En ocasiones, cuando las causas son nítidas y justas, la presión mediática es útil para evitar que jueces y fiscales corruptos o ineptos tuerzan el rumbo.
Pero no debería ser una costumbre. Quienes le dieron un gran impulso a la “justicia mediática” fueron los encargados del caso Lava Jato. En Brasil, el famoso juez Sergio Moro; en el Perú, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Buscar el fulgor de la peligrosa fama por méritos propios es asunto de cada quien. Lo cuestionable es utilizar las investigaciones para obtener alianzas mediáticas que, a cambio, les dan un escudo para pretender convertirse en cuasi intocables.
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En esa línea se ubica la hoy investigada fiscal Rocío Sánchez, aplicada alumna de los fiscales Lava Jato en el uso de cierta prensa para crearse una imagen ficticia o para mostrarse como mártir cuando le toca dar cuentas sobre su gestión.
En las últimas dos semanas, la fiscal Sánchez ha tenido apariciones en varios medios y ha logrado que un informante la defienda como si fuese una heroína. El objetivo es mostrar como víctima a una fiscal que, en realidad, es la responsable directa de que el emblemático caso Cuellos Blancos no haya tenido mayores avances desde el año 2018.
Conozco en detalle la actuación de la fiscal Sánchez por dos investigaciones. Una de ellas ya publicada en mi libro “Así nos robaron”. Cuando estalló el caso Los Cuellos Blancos, uno de los ramales fue la relación de jueces y fiscales con Antonio Camayo y con Edwin Oviedo, entonces presidente de la FPF.
No era un caso relacionado estrictamente al fútbol, sino el de una organización delictiva que, entre otros rubros, se dedicaba al tráfico de influencias. Camayo fue detenido el 29 de julio de 2018, en un operativo en el que no participó Rocío Sánchez. Extrañamente, Oviedo recién fue detenido cuatro meses después, el 6 de diciembre.
Todas las evidencias estaban en manos de la fiscal Sánchez, pero ella dilataba el asunto y hasta pretendió citar al inculpado como si fuese un testigo. Ese cerco se pudo romper cuando el 20 de noviembre de 2018 el director del programa televisivo ‘Beto a saber’, Beto Ortiz, dirigió una carta al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidiendo que ponga fin a la irregular actuación de la fiscal.
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Quedan para un relato que excede estas líneas graves detalles como la pésima confección de la carpeta fiscal que, en una apelación, habría dado libertad a Oviedo y el por qué Rocío Sánchez se negó a recibir información que incluía a más personas implicadas que hasta hoy gozan de impunidad.
Lo que sí aprendió rápidamente la fiscal fue a utilizar a la prensa en su beneficio. La primera foto que se filtró a la prensa apenas minutos después de iniciado aquel operativo en varios inmuebles fue la de ella junto a Oviedo.
De ese modo, logró que el operativo que durante cuatro meses se negó a realizar le sea adjudicado públicamente como un logro suyo en su supuesta “lucha contra la corrupción”.
Hoy se queja y acusa por haber sido retirada del manejo del caso Los Cuellos Blancos, pero oculta que se debe a que el caso está estancado. Y es muy grave porque hay una cantidad de derivaciones que van desde el narcotráfico hasta procesos comerciales que recibían los favores del prófugo vocal supremo César Hinostroza y sus “hermanitos”.
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Los fiscales tienen un tiempo para investigar, pero un sector de ellos prefiere ocupar las primeras planas filtrando información en lugar de presentar el sustento de sus investigaciones ante los jueces. Dilatar investigaciones es favorecer a delincuentes. Está pendiente —más allá de las detenciones preventivas o las declaraciones en sus programas favoritos— saber si han investigado con seriedad.
En ese rubro de investigaciones tortuga destaca la fiscal Sánchez aunque haya salido a decir que “se quiere traer abajo el emblemático caso Los Cuellos Blancos”. No se puede traer abajo aquello que ella misma no quiso construir.
Las irregularidades —para usar un nombre piadoso— son muchas. Sus defensores mediáticos fingen no saber, por ejemplo, que la fiscal Sánchez convirtió en testigos protegidos a dos implicados que deberían estar siendo investigados: el fiscal supremo Tomás Gálvez y el abogado José Luis Castillo Alva.
Si el cuarto poder no desea investigar, que al menos use Google y vea quiénes son esos personajes. Ese mismo cuarto poder debería entender que un colaborador eficaz no merece aplauso porque no es más que un delincuente arrepentido y, por lo tanto, no puede ser usado en una pantalla de televisión como si fuera un buen hombre al que otros quieren dañar.
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En el entorno de la fiscal Rocío Sánchez se conoce el malestar que ella ha originado en la Policía por pedir diligencias irrelevantes obviando a los peces gordos; por impertinentes pedidos para que el personal policial transcriba audios distrayéndolos, hasta hoy, de su trabajo principal de investigadores de delitos; o, peor aún, pedidos específicos a la Policía para ubicar material que luego aparece en la prensa.
A la irregular actuación de la fiscal Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra hay que sumar que está investigada por Control Interno por su relación con un colaborador eficaz y con el operador de un político, ambos compañeros suyos de promoción en la universidad San Marcos.
En realidad, haberle retirado el comando de la investigación es una medida incompleta. En rigor, las oscuridades de su gestión obligan a apartarla totalmente.
Solo así se podrá ver en los meses siguientes que el caso Los Cuellos Blancos tiene muchos contagiados a pesar de que la fiscal Sánchez haya hecho todo por lograr la impunidad de rebaño.
Por: Umberto Jara
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Pero no debería ser una costumbre. Quienes le dieron un gran impulso a la “justicia mediática” fueron los encargados del caso Lava Jato. En Brasil, el famoso juez Sergio Moro; en el Perú, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Buscar el fulgor de la peligrosa fama por méritos propios es asunto de cada quien. Lo cuestionable es utilizar las investigaciones para obtener alianzas mediáticas que, a cambio, les dan un escudo para pretender convertirse en cuasi intocables.
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Conozco en detalle la actuación de la fiscal Sánchez por dos investigaciones. Una de ellas ya publicada en mi libro “Así nos robaron”. Cuando estalló el caso Los Cuellos Blancos, uno de los ramales fue la relación de jueces y fiscales con Antonio Camayo y con Edwin Oviedo, entonces presidente de la FPF.
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Todas las evidencias estaban en manos de la fiscal Sánchez, pero ella dilataba el asunto y hasta pretendió citar al inculpado como si fuese un testigo. Ese cerco se pudo romper cuando el 20 de noviembre de 2018 el director del programa televisivo ‘Beto a saber’, Beto Ortiz, dirigió una carta al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidiendo que ponga fin a la irregular actuación de la fiscal.
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Lo que sí aprendió rápidamente la fiscal fue a utilizar a la prensa en su beneficio. La primera foto que se filtró a la prensa apenas minutos después de iniciado aquel operativo en varios inmuebles fue la de ella junto a Oviedo.
De ese modo, logró que el operativo que durante cuatro meses se negó a realizar le sea adjudicado públicamente como un logro suyo en su supuesta “lucha contra la corrupción”.
Hoy se queja y acusa por haber sido retirada del manejo del caso Los Cuellos Blancos, pero oculta que se debe a que el caso está estancado. Y es muy grave porque hay una cantidad de derivaciones que van desde el narcotráfico hasta procesos comerciales que recibían los favores del prófugo vocal supremo César Hinostroza y sus “hermanitos”.
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Los fiscales tienen un tiempo para investigar, pero un sector de ellos prefiere ocupar las primeras planas filtrando información en lugar de presentar el sustento de sus investigaciones ante los jueces. Dilatar investigaciones es favorecer a delincuentes. Está pendiente —más allá de las detenciones preventivas o las declaraciones en sus programas favoritos— saber si han investigado con seriedad.
En ese rubro de investigaciones tortuga destaca la fiscal Sánchez aunque haya salido a decir que “se quiere traer abajo el emblemático caso Los Cuellos Blancos”. No se puede traer abajo aquello que ella misma no quiso construir.
Las irregularidades —para usar un nombre piadoso— son muchas. Sus defensores mediáticos fingen no saber, por ejemplo, que la fiscal Sánchez convirtió en testigos protegidos a dos implicados que deberían estar siendo investigados: el fiscal supremo Tomás Gálvez y el abogado José Luis Castillo Alva.
Si el cuarto poder no desea investigar, que al menos use Google y vea quiénes son esos personajes. Ese mismo cuarto poder debería entender que un colaborador eficaz no merece aplauso porque no es más que un delincuente arrepentido y, por lo tanto, no puede ser usado en una pantalla de televisión como si fuera un buen hombre al que otros quieren dañar.
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A la irregular actuación de la fiscal Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra hay que sumar que está investigada por Control Interno por su relación con un colaborador eficaz y con el operador de un político, ambos compañeros suyos de promoción en la universidad San Marcos.
En realidad, haberle retirado el comando de la investigación es una medida incompleta. En rigor, las oscuridades de su gestión obligan a apartarla totalmente.
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