Vizcarra disuelve el Congreso contra la Constitución y la ley
30 de septiembre del 2019
En
un acto anticonstitucional e ilegal, Martín Vizcarra anunció la
disolución del Congreso sin el decreto correspondiente y sin el respaldo
del Consejo de Ministros. Con ese acto, Vizcarra se pone al margen de
la Constitución y comete ilícitos penales que las instituciones de la
República deberán procesar. La anticonstitucional disolución del
Legislativo se produjo en el preciso instante en que el Congreso
aprobaba la cuestión de confianza planteada alrededor del proyecto de
ley para modificar el proceso de selección de los miembros del Tribunal
Constitucional (TC).
En un
acto soberano, y en defensa de las facultades que le otorga la
Constitución, el Congreso decidió continuar con la elección de los seis
miembros del TC, que ya estaba en curso. Era una manera directa de
defender las facultades establecidas en la Constitución y las
instituciones republicanas del asalto plebiscitario que el presidente
vizcarra y los sectores que lo respaldan vienen desarrollando. En ese
contexto el Legislativo decidió procesar por cuerdas separadas la
cuestión de confianza alrededor de la iniciativa de ley, porque la
Constitución reconoce que el Congreso es la única entidad encargada de
seleccionar a los jueces del TC, como parte del sistema de equilibrio de
poderes.
La Carta
Política excluye expresamente al Ejecutivo de la selección de los
magistrados del TC. Y la exclusión del jefe de Estado de este proceso
solo responde a la voluntad del constituyente de organizar un Estado en
base al criterio del equilibrio de poderes. Como todos sabemos, el
Ejecutivo concentra el manejo de los recursos fiscales y la
discrecionalidad en el Estado se expresa en la conducción de las Fuerzas
Armadas y policiales. Si el jefe de Estado pudiese nombrar a los
magistrados del TC, ¿estaríamos en una república o en una democracia
plebiscitaria, a semejanza del chavismo en donde el Ejecutivo nombra a
todos los tribunales?
La
República, pues, ha sufrido un burdo golpe de Estado que de súbito nos
lleva a la inestabilidad y precariedad de los siglos XIX y XX.
Congreso vs. Ejecutivo: ¿Qué tan cierto es que hay un golpe constitucional en Perú?
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Primera modificación: Última modificación:
El ya exprimer
ministro de Perú, Salvador del Solar, habla con el presidente del
Congreso de Perú, Pedro Olaechea, luego de entregar una solicitud formal
de voto de confianza en Lima, Perú, el 30 de septiembre de 2019.Guadalupe Pardo / Reuters
La bancada fujimorista descartó debatir la moción de
confianza y suspendió al presidente Vizcarra; en paralelo, el Gobierno
disolvió el Congreso y convocó a legislativas. La actual crisis es una
pugna que se juega en los márgenes de la legalidad.
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El domingo 29 de septiembre,
antes de que Perú acaparara la palabra crisis, el presidente Martín
Vizcarra había asegurado que, si el Congreso no debatía la cuestión de
confianza de su Gobierno antes de la elección de los magistrados del
Tribunal Constitucional, la consideraría como negada. La gran
lucha de este lunes, con el Congreso versus el Ejecutivo, partió de ahí.
Con el fujimorismo, representado por Fuerza Popular y otros grupos
afines, descartando la moción como primer punto de debate, impidiendo la
entrada del presidente del Consejo de Ministros e iniciando el voto
para designar a los magistrados constitucionales, sin considerar al
Gobierno.
El presidente de
Perú, Martín Vizcarra, se dirige a la nación, mientras anuncia que
disolverá el Congreso, en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el 30 de
septiembre de 2019.Presidencia de Perú / Reuters
Ante este escenario, Vizcarra aplicó su aviso y acudió
al artículo 134 de la Constitución peruana, el cual le permite “disolver
el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos
de Ministros”, así como poner en marcha “la convocatoria a elecciones
para un nuevo Congreso (…) dentro de los cuatro meses de la fecha de
disolución”. El primer revés se lo había llevado en 2017 el
expresidente Pedro Pablo Kuczynski (llamado PPK), al defender a la
exministra de Educación Marilú Martens; mientras que la segunda negación
del voto se ha cumplido con Vizcarra y su proyecto de ley, con el que
aspiraba a cambiar la elección de los magistrados del Constitucional,
creando un sistema más abierto y transparente. Lo que ha dado lugar a la
disolución del Parlamento y a las próximas legislativas del 26 de enero
de 2020. A ojos del fujimorismo, un “golpe inconstitucional” En
el Congreso peruano domina una mayoría fujimorista que se apoya en su
líder Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunto lavado de
dinero. Así que, en bloque, no solo defendió seguir la resolución de los
magistrados, sino que respondió a Vizcarra invalidando la disolución y
aprobando una “suspensión temporal de su cargo”, con 86 votos de 130
diputados, pese a que solo aplica en casos de accidentes e
inmovilizaciones graves. Ya de noche, juramentó a la vicepresidenta
Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”; designación que se anuló
horas después, con la renuncia del cargo por parte de la propia Aráoz. “Es
un golpe de Estado. Vizcarra no tenía derecho a impedir la elección del
Constitucional”, ha llegado a denunciar Fernando Rospigliosi,
exministro del Interior a cargo de Alejandro Toledo. Mientras que
Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, ha dicho a France 24
que “Vizcarra presentó una moción de confianza. Nosotros en el
Parlamento discutimos esta moción, le dimos la aprobación y él
simplemente interpretó que no se le había dado la cuestión de confianza,
y él decide hacer la disolución del Congreso, y esto es
inconstitucional”. Este es uno de los argumentos contra el
presidente Vizcarra. El hecho de que en el pleno nunca votaron en contra
de la moción, algo que sostiene la Defensoría del Pueblo señalando que
la interpretación de la ley hecha por el Gobierno "se aleja de la
Constitución". Sin embargo, la oposición sí eligió a un primer
magistrado del Tribunal Constitucional, lo que iría en contra del orden
del día y de la advertencia del mandatario. Además de eso, el presidente
recibió todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como
el respaldo del diaro oficial de la nación, que ha blindado su poder y
el control sobre los presupuestos.
Es en este punto en el que se agudiza el choque entre ambos
poderes, una pugna de acusaciones sobre quién tiene realmente la
legitimidad (o carece de ella) sobre lo ocurrido el lunes; algo que se
remonta a las elecciones de 2016 con la formación de una mayoría
fujimorista en el Congreso. Y es que, si para unos la disolución va en
contra de la Constitución, para otros como los congresistas Marco Arana y
Justiniano Apaza, lo ejercido por Aráoz, el presidente del Congreso
Pedro Olaechea y “los que resultasen responsables” es una “usurpación de
funciones en la medida que un Congreso disuelto no tenía atribuciones
para juramentar a una congresista como presidenta”.
“(Aráoz) no
debió conspirar como lo hizo, durante todas estas semanas y meses,
contra el propio presidente de la República. No debió conspirar y, en
ese sentido, yo creo que hay que restablecer el estado de derecho. Es la
democracia que está en juego y la lucha contra la corrupción”, expresó
Apaza, en la línea de Arana quien, como miembro de la Comisión
Permanente y ante la Fiscalía, dijo que “nos toca jugar el rol que está
previsto en la Constitución (…) que se restablezca el estado de derecho y
el equilibrio de poderes”.
¿Un Congreso convertido en tierra de disputa y un Constitucional como solución clave?
A
pesar de la claridad del artículo 134 de la Constitución, la disputa
legal se está protagonizando en el Congreso de la República, ahora
convertido en una Comisión Permanente en funciones, que permite su
continuidad legislativa (así lo hace también cuando los congresistas se
van de vacaciones). Hasta 2020, esta se limitará a observar y a crear
informes sobre los decretos ley que se produzcan, y que luego deberá
hacer llegar al próximo Congreso.
Los congresistas opuestos a
Vizcarra defendieron este martes 1 de octubre que no se les dejaba
entrar en el edificio, pero como indica el periodista peruano Willie
Vásquez, solo 20 congresistas de 130 (la mitad, diez, son fujimoristas)
poseen esta designación en la Comisión, por lo que el resto debe
cerrarse.
El propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, ha
rechazado la actual Comisión, defendiendo que el Tribunal Constitucional
debería ser el encargado de dirimir sobre la actual crisis. Bajo sus
ojos, Vizcarra “ha capturado” al ente, sin mencionar que la bancada
fujimorista tenía prisa por reelegir a los magistrados constitucionales y
colocar a sus afines antes de que este miércoles 2 de octubre la
Fiscalía vuelva a interrogar al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge
Barata. De él, bajo acuerdo con el Gobierno, se espera que desvele
nombres de congresistas corruptos y vinculados a la constructora, la
gran bandera de Vizcarra y lo que motivó su intento de limpiar de
anticorrupción el Tribunal Constitucional.
La policía
vigila fuera del Congreso, después de que el Presidente Martín Vizcarra
cerró el Congreso en Lima, Perú, 1 de octubre de 2019.
Guadalupe Pardo / Reuters
Si bien, la propuesta de convertir al Constitucional en
árbitro de este choque no solo la ha hecho Olaechea, sino también la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta
ha afirmado que corresponde al Constitucional pronunciarse sobre la
decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y
convocar nuevas elecciones parlamentarias: “La Secretaría General de la
OEA considera que compete al Tribunal Constitucional de Perú
pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones
institucionales adoptadas”.
Pero a la vez, aplaudió y apoyó al
presidente por impulsar nuevas elecciones, “un paso constructivo (…) ya
que es conveniente que la polarización política que sufre el país la
resuelva el pueblo en las urnas”.
Cada uno, así como el pueblo y
la prensa, ha interpretado la Constitución a su favor. El peligro para
muchos es que este asunto se llegue a comparar con el verdadero golpe de
Estado de 1992, propiciado por Alberto Fujimori, con la salida de
tanques militares y una censura tanto a medios como a políticos. Una
imagen que dista mucho del pulso actual por la legalidad.
No
sería descabellado pensar que Vizcarra será capaz de convocar a una
Asamblea Constituyente para cambiar las reglas de juego de la economía
devolviéndole al Estado el rol principal y no el subsidiario, como es
ahora (Wikimedia)
Por Dante Bobadilla Ramírez*
El presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso de
la República, apelando a una “negación fáctica” de la Cuestión de
Confianza planteada por su gobierno ante la elección de los nuevos
miembros del Tribunal Constitucional (TC). De inmediato surgieron dudas
por la legalidad de la medida y en respuesta, el Congreso decidió vacar
al presidente por incapacidad moral. En este momento los especialistas
debaten cuál es la situación jurídica del Estado.
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Vizcarra cumple así el objetivo que tenía trazado desde que asumió el
mando hace año y medio, luego de la renuncia de Pedro Kuczynski. Desde
el principio no hizo más que confrontar al Congreso con medidas que solo
buscaban mellar la imagen de esa institución. En año y medio presentó
tres cuestiones de confianza, una medida extrema prevista por la
Constitución para que los ministros defiendan sus políticas de gestión
ante la oposición del Congreso.
Una negación de confianza obliga a renunciar al ministro solicitante,
o a todo el gabinete, si este fue quien lo planteó. Tras dos negativas
de confianza el presidente está facultado a disolver el Congreso. Pero
Vizcarra ha apelado a interpretaciones laxas de la Constitución para
plantear cuestiones de confianza no por políticas de gestión de gobierno
sino por reformas de la Constitución que son tarea exclusiva del
Congreso, bajo el pretexto que son parte de su lucha contra la
corrupción.
La última cuestión de confianza presentada alocadamente por el
premier Del Solar, el lunes por la mañana, sin estar en la agenda del
Congreso, pretendía detener la elección de los miembros del Tribunal
Constitucional (TC), una prerrogativa exclusiva del Congreso. Pero una
vez más, Vizcarra apeló a interpretaciones viciadas del texto
constitucional para interferir en la elección, tratando de modificar la
ley en pleno proceso.
El Congreso procedió, según su agenda, a elegir al primer miembro del
TC, dejando para la tarde el debate de la Cuestión de Confianza
planteada por el gobierno. Pero en medio de dicha sesión vespertina,
apareció sorpresivamente el presidente Vizcarra en televisión nacional
anunciando el cierre del Congreso aludiendo a una “negación fáctica”,
mientras en el Congreso se aprobaba su pedido.
